SITUACIÓN
María es una consultora medioambiental externa que trabaja en un proyecto a largo plazo para una gran empresa de gestión de residuos que opera en un Estado miembro de la UE.
Durante su trabajo, María descubre documentos internos que sugieren que la empresa ha estado eludiendo los procedimientos de seguridad medioambiental relacionados con la eliminación de residuos industriales peligrosos.
Los documentos indican que:
- los informes de seguimiento medioambiental podrían haber sido manipulados,
- los materiales peligrosos podrían haber sido tratados de forma inadecuada,
- y los altos directivos podrían haber estado al corriente del asunto.
María no es empleada directa de la empresa. Trabaja en virtud de un contrato de consultoría externa y ha tenido acceso a la información en el ejercicio de sus responsabilidades profesionales.
A María le preocupa cada vez más que:
- las infracciones medioambientales puedan afectar a las comunidades cercanas,
- la dirección pueda intentar ocultar el asunto,
- y denunciarlo internamente pueda dañar su reputación profesional y sus futuros contratos.
María también se da cuenta de que:
- la política de denuncia de irregularidades de la empresa es difícil de localizar,
- los procedimientos de confidencialidad no están claros,
- y varios empleados le advierten en privado de que la dirección «no tolera a los alborotadores».
María no tiene claro:
- si cumple los requisitos para recibir protección legal,
- si el asunto entra dentro del ámbito de aplicación de las leyes de protección de los denunciantes,
- y cuál sería la opción más segura para presentar la denuncia.
